Ante la situación actual por la pandemia, el SACC ha dado a conocer su opinión, desde los más de 50 años de historia y relación de la institución con el sistema carcelario, los confinados y sobre todo sus familias.

-Lic. Patricia Affanni.

En estos días hemos escuchado innumerables opiniones respecto de las excarcelaciones otorgadas en tiempo de pandemia. Esto generó diferentes posturas y malestar en gran parte de la sociedad. Para poder comprender un poco más el problema del Covid-19 y las consecuencias que podría generar la propagación del mismo dentro de los penales, es importante conocer la realidad carcelaria.

La pandemia pone de manifiesto la crisis que desde hace años se vive en el sistema carcelario. La superpoblación, el hacinamiento, la insuficiente atención médica y psicológica, entre otros factores; motivaron a adoptar distintos criterios de excarcelación tendientes a proteger no solo a la población carcelaria más vulnerable sino también al personal penitenciario. Lejos de realizar una liberación generalizada de presos la Cámara de Casación Penal, a modo de ejemplo, recomendó a los jueces federales a “adoptar medidas alternativas al encierro, tales como prisión domiciliaria con los mecanismos de control y monitoreo correspondiente”. Dichas medidas se pensaron para aquellos condenados por delitos no violentos y que estén próximos a cumplir la pena impuesta o con condenas a penas de hasta 3 años de prisión. El beneficio se pensó, también, para aquellos que estén en condiciones de acceder al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional. Al mismo tiempo, se incluyó a los adultos mayores, a personas pertenecientes al llamado grupo de riesgo, mujeres embarazadas y/o encarceladas con hijos. Es necesario reconocer que en el otorgamiento de estos beneficios se han cometido errores y se han excarcelado a personas que no debían haberse beneficiado.

Tenemos que entender que la pandemia nos afecta a todos y que el problema de las cárceles no se limita solo a ese ámbito, repercute en toda la sociedad ya que si el sistema de salud dentro del penal colapsa, esos presos deberán atenderse en los hospitales extramuros y así podría sobrecargarse el sistema de salud en general.

Esta emergencia sanitaria puso de relieve la ausencia de políticas de estado en temas judiciales, penitenciario y post penitenciario. Debemos como sociedad, una vez concluida la pandemia, abordar estas temáticas y procurar que las cárceles no sean un lugar de castigo sino un espacio para la rehabilitación y garantizar lo que dice nuestra Constitución en el artículo 18: que las cárceles serán sanas y limpias.

Esta realidad nos plantea un gran desafío y es tarea de todos: Autoridades involucradas en el tema, profesionales, actores sociales y demás ciudadanos. Es, en definitiva, encontrar las formas para que estas personas puedan llegar a ser integradas a la sociedad y así lograr una convivencia social armónica.